El primer Día Internacional de la Mujer se convocó en 1911 para llamar la atención sobre las inaceptables condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo, por el derecho al voto y por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos.
Desde entonces ha habido avances importantes, ya que, en la mayoría de los países, se han ampliado los derechos jurídicos de las mujeres. En cuanto a la violencia machista, ha dejado de ser un asunto privado y hoy, dos tercios de las naciones, cuentan con leyes específicas que penalizan estas conductas.
Sin embargo, un siglo después, y pese a los logros alcanzados, la igualdad real no se ha conseguido.
El 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres y casi dos de cada tres personas adultas analfabetas también son mujeres. Las niñas, en muchas regiones, siguen teniendo menos posibilidades que los niños de ir a la escuela. Cada 90 segundos una mujer muere en el mundo durante el embarazo o debido a complicaciones derivadas del parto que podrían evitarse. Las mujeres continúan ganando menos que los hombres por el mismo trabajo y, en muchos países, se enfrentan a discriminaciones en el acceso a la tierra y los derechos de herencia.
En España, las mujeres siguen teniendo menor tasa de actividad y de ocupación y registran mayor tasa de paro y temporalidad. Además, cobran de media un salario un 20% inferior al de los hombres, y quedan relegadas a los sectores menos productivos y las categorías profesionales más bajas, percibiendo, por tanto, prestaciones menores por desempleo y jubilación. Estas circunstancias acaban mermando la autonomía económica de las mujeres y, consecuentemente, el ejercicio de sus libertades individuales.
La brecha salarial, el techo de cristal, la doble o triple jornada de trabajo, la dificultad de acceso a los puestos de decisión, el desempleo, el acoso o la doble discriminación continúan frenando el progreso de las mujeres. Y la situación de desigualdad trae aparejada la violencia que se ejerce contra ellas, que afecta gravemente a su pleno desarrollo y al de sus hijas e hijos.
Esta desigualdad compromete a toda la sociedad porque se desaprovecha el talento y el potencial de la mitad de la población, y perjudica la calidad de las democracias, la fortaleza de las economías y la sostenibilidad de la paz.
La igualdad es clave para aprovechar el capital humano de las mujeres en lo público y el de los hombres en el ámbito de lo privado. Remover todos los obstáculos para su consecución, para hacerla realidad, es sin duda responsabilidad de los poderes públicos.
En el medio rural, las desigualdades de género se ven acentuadas. A pesar de las actuaciones puestas en marcha, queda mucha distancia por acortar. Por ello, debemos seguir avanzando en el camino emprendido con políticas diseñadas para superarlas.
Esto implica, necesariamente, el reconocimiento del trabajo realizado por las mujeres en el medio rural y del liderazgo que deben ejercer en la vertebración de su entorno La permanencia de las mujeres en nuestros municipios es la mejor garantía contra la despoblación progresiva.
La igualdad es crucial para un desarrollo equilibrado y sostenible. Solo cuando las mujeres participen activamente y en igualdad en todos los sectores de la vida pública y privada, tendremos una sociedad más justa.
En este marco, las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma Andaluza manifestamos la voluntad común de conservar y hacer visibles los logros conquistados, y de renovar nuestro compromiso con el avance de la igualdad real, activando políticas que incentiven el acceso de las mujeres al empleo y su promoción laboral, y que actúen de forma efectiva en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres.
Si desea sumarse a esta campaña, puede solicitar este manifiesto a la Secretaría Técnica o descargarlo directamente en el siguiente enlace:
